La Fiscalía presentó la acusación en contra de la diputada Catalina Pérez, solicitando 10 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo, por tres delitos consumados de fraude al fisco. El ente persecutor también solicitó penas para Carlos Contreras, Daniel Andrade y Paz Fuica en el marco del caso Democracia Viva, relacionado con convenios de transferencia con el Serviu de Antofagasta. En el documento presentado, se pidió una multa equivalente a la mitad del perjuicio causado, inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos. Además, se incluyó la solicitud de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos, empleos, oficios o profesiones en empresas que contraten con órganos o empresas del Estado o con empresas o asociaciones en que este tenga una participación mayoritaria; o en empresas que participen en concesiones otorgadas por el Estado o cuyo objeto sea la provisión de servicios de utilidad pública y costas. Fuente: CNN Chile País
El futuro judicial y político de Daniel Jadue se encuentra en una etapa crucial, luego de que la Fiscalía Regional Centro Norte formalizara la acusación en su contra en el marco del Caso Farmacias Populares. Este caso investiga posibles actos de corrupción durante su gestión en la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp). La fiscal Giovanna Herrera, a cargo de la investigación desde 2021, presentó la acusación el 8 de agosto ante el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, adjuntando un disco duro con toda la evidencia recopilada. En el mismo escrito, solicitó el cierre formal de la investigación, paso previo a un eventual juicio oral. A pesar del avance del Ministerio Público, la defensa liderada por la defensora penal pública Yessica Aguilera ha argumentado que se trata de una maniobra con motivaciones políticas. Aguilera ha presentado recursos para extender el plazo indagatorio, los cuales serán evaluados en una audiencia crucial programada para el 28 de agosto. Además de las implicaciones legales, este caso podría afectar directamente la carrera política de Jadue. El Partido Comunista ha confirmado que postulará como candidato a diputado por el distrito 9, actualmente representado por la diputada Karol Cariola, quien aspira a ser senadora por Valparaíso. Sin embargo, la Constitución establece que una persona acusada por delitos graves pierde su derecho a voto y, por ende, no puede ser candidato. En este sentido, el Servicio Electoral (Servel) publicará el lunes 18 de agosto los padrones electorales auditados, incluyendo la lista de personas inhabilitadas para votar. A partir de esa fecha, se abrirá un período de 10 días para presentar reclamaciones, que coincidirá con la fecha de la audiencia judicial clave fijada para el 28 de agosto. Fuente: CNN Chile País
La investigación sobre el trágico derrumbe en la mina El Teniente, que resultó en la muerte de seis trabajadores, continúa avanzando con importantes avances. Aunque aún no se han realizado allanamientos, la Fiscalía espera acceder a correos internos y comunicaciones mencionadas por sindicatos, que podrían proporcionar antecedentes relevantes sobre posibles fallas o advertencias previas. El fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos, anunció este martes que altos ejecutivos de Codelco, incluido el presidente de su directorio, Máximo Pacheco, serán citados a declarar como parte de las diligencias. Sin duda tiene que declarar, no solo como presidente de Codelco, sino también otros gerentes de la empresa, afirmó Cubillos. Aunque aún no se han establecido fechas definidas, el fiscal señaló que se está determinando la línea de mando involucrada en los hechos. Además, se ha conformado un equipo multidisciplinario con unidades provenientes de distintas regiones del país para abordar todos los aspectos del caso. Estamos elaborando el plan de trabajo investigativo, que va desde los proyectos hasta la normativa. Queremos establecer quiénes deben declarar en cada área, explicó. Entre las diligencias en curso se encuentran la revisión de planes de obras, proyectos, inspecciones técnicas y documentación interna. El fiscal advirtió que el análisis será exhaustivo y llevará tiempo: Cada uno de estos elementos nos va a demorar bastante. Hasta el momento, no ha sido necesario realizar allanamientos, ya que Codelco ha entregado voluntariamente los antecedentes requeridos. Sin embargo, la Fiscalía espera acceder a correos y otras comunicaciones mencionadas por sindicatos que podrían aportar información relevante para la investigación en curso. Fuente: CNN Chile País
La magistrada Irene Rodríguez, actualmente suspendida por su presunta responsabilidad en la liberación del sicario Alberto Mejía, ha centrado su estrategia en demostrar que no hubo dolo en su actuación, sino un error administrativo sin intenciones ilícitas. Su defensa se basa en que el incidente fue derivado del uso de formularios judiciales estandarizados, según declaró a su entorno. En una segunda comparecencia ante el fiscal Marcos Pastén, esta vez como imputada formal, Rodríguez decidió solicitar apoyo de la Defensoría Penal Pública para reforzar su defensa. Inicialmente había optado por enfrentar el proceso sin abogado y colaborar al máximo con la investigación, autorizando el levantamiento de su secreto bancario y entregando voluntariamente sus dispositivos tecnológicos a Fiscalía. La decisión de ser representada por un abogado del organismo responde a la complejidad del proceso y las posibles consecuencias legales que enfrenta. La principal acusación contra Rodríguez apunta a una supuesta prevaricación culposa por un presunto error en la resolución que dictó prisión preventiva, donde el apellido de Mejía fue mal registrado. Desde la defensa se insiste en que la jueza siguió los procedimientos administrativos estándar y no hubo omisión dolosa ni intención de beneficiar al imputado. La entrega de sus cuentas bancarias busca demostrar transparencia en su actuar y eliminar cualquier sospecha de cohecho o pago irregular. El caso también involucra a una funcionaria judicial y siete gendarmes como imputados, a quienes se les acusa de no haber detectado o alertado oportunamente el error que permitió la liberación. Sin embargo, se reconoce que fue una funcionaria de Gendarmería quien identificó la discrepancia en el nombre, lo que destapó la cadena de errores administrativos. Fuente: CNN Chile País
En un hecho inédito, la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía formalizó a siete empresas del rubro maderero por el delito de receptación, en el marco de una investigación por robo de madera liderada por el fiscal Enrique Vásquez. Se trata de la primera vez en Chile que se imputa a personas jurídicas por este tipo de delito. La indagatoria, desarrollada en conjunto con el OS-9 de Carabineros, permitió acreditar que durante 2022 las empresas Laminadora Los Ángeles S.A., Forestal Javier Pezoa EIRL, Inversiones Rayenco Ltda., Maderas Río Blanco SpA, Aserraderos Los Castaños Ltda., Servicios Forestales Rosario Ltda. y Procesadora de Madera Los Ángeles S.A. (PROMASA) adquirieron madera sustraída desde fundos de Forestal Mininco, en las comunas de Galvarino y Collipulli. La madera fue robada por una organización criminal encabezada por Miguel Terán Carrasco y Emanuel Espinoza Contreras, ambos actualmente condenados a 5 años de presidio por hurto y asociación ilícita para la sustracción de madera. “El objetivo fue romper la cadena de producción del delito y no solo perseguir a quienes sustraen la madera, sino también a quienes la compran sabiendo —o no pudiendo menos que saber— su origen ilícito”, explicó el fiscal Vásquez. Añadió que la investigación permitió identificar a 10 empresas, de las cuales 7 ya fueron formalizadas y 3 serán formalizadas próximamente. Cada empresa fue imputada junto a la persona natural que, en su representación, gestionó la compra de madera. “Estamos ante un hito relevante: se trata de la primera formalización contra personas jurídicas por un delito determinado. En este caso, por receptación”, sostuvo el fiscal. Tras la formalización, seis empresas accedieron a una suspensión condicional del procedimiento, comprometiéndose a aportar, entre todas, más de 80 millones de pesos a escuelas rurales de la comuna de Galvarino, en beneficio de niños, niñas y adolescentes del sector. La única empresa que rechazó la salida alternativa fue PROMASA, que según la investigación adquirió más de 2.300 m³ de madera robada, por un monto superior a $144 millones. En este caso, el proceso sigue en curso. “Esperamos presentar acusación en su contra. En concreto, la investigación continúa respecto de la persona natural que adquirió de madera directa la madera sustraída, y también respecto de la empresa que no tomó las precauciones a efectos de no cometer delito”, señaló el fiscal.
La Fiscalía presentó la acusación en contra de la diputada Catalina Pérez, solicitando 10 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo, por tres delitos consumados de fraude al fisco. El ente persecutor también solicitó penas para Carlos Contreras, Daniel Andrade y Paz Fuica en el marco del caso Democracia Viva, relacionado con convenios de transferencia con el Serviu de Antofagasta. En el documento presentado, se pidió una multa equivalente a la mitad del perjuicio causado, inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos. Además, se incluyó la solicitud de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos, empleos, oficios o profesiones en empresas que contraten con órganos o empresas del Estado o con empresas o asociaciones en que este tenga una participación mayoritaria; o en empresas que participen en concesiones otorgadas por el Estado o cuyo objeto sea la provisión de servicios de utilidad pública y costas. Fuente: CNN Chile País
El futuro judicial y político de Daniel Jadue se encuentra en una etapa crucial, luego de que la Fiscalía Regional Centro Norte formalizara la acusación en su contra en el marco del Caso Farmacias Populares. Este caso investiga posibles actos de corrupción durante su gestión en la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp). La fiscal Giovanna Herrera, a cargo de la investigación desde 2021, presentó la acusación el 8 de agosto ante el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, adjuntando un disco duro con toda la evidencia recopilada. En el mismo escrito, solicitó el cierre formal de la investigación, paso previo a un eventual juicio oral. A pesar del avance del Ministerio Público, la defensa liderada por la defensora penal pública Yessica Aguilera ha argumentado que se trata de una maniobra con motivaciones políticas. Aguilera ha presentado recursos para extender el plazo indagatorio, los cuales serán evaluados en una audiencia crucial programada para el 28 de agosto. Además de las implicaciones legales, este caso podría afectar directamente la carrera política de Jadue. El Partido Comunista ha confirmado que postulará como candidato a diputado por el distrito 9, actualmente representado por la diputada Karol Cariola, quien aspira a ser senadora por Valparaíso. Sin embargo, la Constitución establece que una persona acusada por delitos graves pierde su derecho a voto y, por ende, no puede ser candidato. En este sentido, el Servicio Electoral (Servel) publicará el lunes 18 de agosto los padrones electorales auditados, incluyendo la lista de personas inhabilitadas para votar. A partir de esa fecha, se abrirá un período de 10 días para presentar reclamaciones, que coincidirá con la fecha de la audiencia judicial clave fijada para el 28 de agosto. Fuente: CNN Chile País
La investigación sobre el trágico derrumbe en la mina El Teniente, que resultó en la muerte de seis trabajadores, continúa avanzando con importantes avances. Aunque aún no se han realizado allanamientos, la Fiscalía espera acceder a correos internos y comunicaciones mencionadas por sindicatos, que podrían proporcionar antecedentes relevantes sobre posibles fallas o advertencias previas. El fiscal regional de O’Higgins, Aquiles Cubillos, anunció este martes que altos ejecutivos de Codelco, incluido el presidente de su directorio, Máximo Pacheco, serán citados a declarar como parte de las diligencias. Sin duda tiene que declarar, no solo como presidente de Codelco, sino también otros gerentes de la empresa, afirmó Cubillos. Aunque aún no se han establecido fechas definidas, el fiscal señaló que se está determinando la línea de mando involucrada en los hechos. Además, se ha conformado un equipo multidisciplinario con unidades provenientes de distintas regiones del país para abordar todos los aspectos del caso. Estamos elaborando el plan de trabajo investigativo, que va desde los proyectos hasta la normativa. Queremos establecer quiénes deben declarar en cada área, explicó. Entre las diligencias en curso se encuentran la revisión de planes de obras, proyectos, inspecciones técnicas y documentación interna. El fiscal advirtió que el análisis será exhaustivo y llevará tiempo: Cada uno de estos elementos nos va a demorar bastante. Hasta el momento, no ha sido necesario realizar allanamientos, ya que Codelco ha entregado voluntariamente los antecedentes requeridos. Sin embargo, la Fiscalía espera acceder a correos y otras comunicaciones mencionadas por sindicatos que podrían aportar información relevante para la investigación en curso. Fuente: CNN Chile País
La magistrada Irene Rodríguez, actualmente suspendida por su presunta responsabilidad en la liberación del sicario Alberto Mejía, ha centrado su estrategia en demostrar que no hubo dolo en su actuación, sino un error administrativo sin intenciones ilícitas. Su defensa se basa en que el incidente fue derivado del uso de formularios judiciales estandarizados, según declaró a su entorno. En una segunda comparecencia ante el fiscal Marcos Pastén, esta vez como imputada formal, Rodríguez decidió solicitar apoyo de la Defensoría Penal Pública para reforzar su defensa. Inicialmente había optado por enfrentar el proceso sin abogado y colaborar al máximo con la investigación, autorizando el levantamiento de su secreto bancario y entregando voluntariamente sus dispositivos tecnológicos a Fiscalía. La decisión de ser representada por un abogado del organismo responde a la complejidad del proceso y las posibles consecuencias legales que enfrenta. La principal acusación contra Rodríguez apunta a una supuesta prevaricación culposa por un presunto error en la resolución que dictó prisión preventiva, donde el apellido de Mejía fue mal registrado. Desde la defensa se insiste en que la jueza siguió los procedimientos administrativos estándar y no hubo omisión dolosa ni intención de beneficiar al imputado. La entrega de sus cuentas bancarias busca demostrar transparencia en su actuar y eliminar cualquier sospecha de cohecho o pago irregular. El caso también involucra a una funcionaria judicial y siete gendarmes como imputados, a quienes se les acusa de no haber detectado o alertado oportunamente el error que permitió la liberación. Sin embargo, se reconoce que fue una funcionaria de Gendarmería quien identificó la discrepancia en el nombre, lo que destapó la cadena de errores administrativos. Fuente: CNN Chile País
En un hecho inédito, la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía formalizó a siete empresas del rubro maderero por el delito de receptación, en el marco de una investigación por robo de madera liderada por el fiscal Enrique Vásquez. Se trata de la primera vez en Chile que se imputa a personas jurídicas por este tipo de delito. La indagatoria, desarrollada en conjunto con el OS-9 de Carabineros, permitió acreditar que durante 2022 las empresas Laminadora Los Ángeles S.A., Forestal Javier Pezoa EIRL, Inversiones Rayenco Ltda., Maderas Río Blanco SpA, Aserraderos Los Castaños Ltda., Servicios Forestales Rosario Ltda. y Procesadora de Madera Los Ángeles S.A. (PROMASA) adquirieron madera sustraída desde fundos de Forestal Mininco, en las comunas de Galvarino y Collipulli. La madera fue robada por una organización criminal encabezada por Miguel Terán Carrasco y Emanuel Espinoza Contreras, ambos actualmente condenados a 5 años de presidio por hurto y asociación ilícita para la sustracción de madera. “El objetivo fue romper la cadena de producción del delito y no solo perseguir a quienes sustraen la madera, sino también a quienes la compran sabiendo —o no pudiendo menos que saber— su origen ilícito”, explicó el fiscal Vásquez. Añadió que la investigación permitió identificar a 10 empresas, de las cuales 7 ya fueron formalizadas y 3 serán formalizadas próximamente. Cada empresa fue imputada junto a la persona natural que, en su representación, gestionó la compra de madera. “Estamos ante un hito relevante: se trata de la primera formalización contra personas jurídicas por un delito determinado. En este caso, por receptación”, sostuvo el fiscal. Tras la formalización, seis empresas accedieron a una suspensión condicional del procedimiento, comprometiéndose a aportar, entre todas, más de 80 millones de pesos a escuelas rurales de la comuna de Galvarino, en beneficio de niños, niñas y adolescentes del sector. La única empresa que rechazó la salida alternativa fue PROMASA, que según la investigación adquirió más de 2.300 m³ de madera robada, por un monto superior a $144 millones. En este caso, el proceso sigue en curso. “Esperamos presentar acusación en su contra. En concreto, la investigación continúa respecto de la persona natural que adquirió de madera directa la madera sustraída, y también respecto de la empresa que no tomó las precauciones a efectos de no cometer delito”, señaló el fiscal.
